Los sectores sociales más críticos argumentan que no basta con un simple proceso de destitución que transfiera el poder al Partido Demócrata. Sostienen que es fundamental una transformación más profunda, impulsada directamente por la movilización de los trabajadores.

El martes 3 de diciembre, el Presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunció la implementación de la ley marcial de emergencia, una medida que generó una respuesta inmediata y controversial en el país.

En su declaración oficial, el mandatario justificó la medida argumentando la necesidad de proteger a la República de Corea de lo que denominó «fuerzas comunistas norcoreanas». Específicamente, el presidente declaró su intención de «erradicar las despreciables fuerzas antiestatales norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo».

La declaración otorgaba a las fuerzas armadas surcoreanas amplias facultades administrativas y judiciales. Sin embargo, el Parlamento intervino rápidamente y anuló el decreto presidencial en las primeras horas de la mañana.

Horas después de la inicial declaración, el propio presidente Yoon procedió a derogar la medida de emergencia. El intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur ilustra el frágil equilibrio de poder dentro del sistema político de la nación.

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La estrategia política del presidente Yoon se caracterizó por una serie de decisiones polémicas que fueron erosionando sistemáticamente su legitimidad gubernamental. Los expertos en geopolítica especializados en la península coreana han identificado múltiples factores que contribuyen a la crisis actual, entre ellos la decreciente popularidad del presidente, un enfoque de gobierno fundamentalmente desconectado de las expectativas de la opinión pública y un servilismo percibido hacia los intereses estadounidenses que ha sido ampliamente criticado por vergonzoso.

Punto crítico del fracaso

Según un informe de Asia Times publicado el 4 de diciembre, la estrategia de Yoon se basaba en una táctica histórica de exagerar la amenaza norcoreana para justificar medidas autoritarias. Su narrativa oficial se centraba en «salvaguardar una Corea del Sur liberal» de las fuerzas comunistas, reproduciendo un patrón utilizado por los regímenes militares durante las décadas de 1970 y 1980.

El contexto geopolítico internacional y el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia creó un ambiente de tensión global que Yoon intentó aprovechar para magnificar las supuestas amenazas comunistas, señala el informe.

«Muy probablemente no hubo un aumento tangible de la amenaza norcoreana. Pero fue un momento oportuno para que Yoon insinuara una, ya que el mundo entero estaba horrorizado por el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia -supuestamente-, incluso en la línea del frente de Kursk». Sin embargo, el rechazo institucional al intento de consolidación del poder de Yoon fue contundente.

En este sentido, la administración de Yoon supuso un cambio drástico respecto al enfoque de su predecesor Moon Jae-in. Las transformaciones clave incluyeron:

– Una postura más de confrontación hacia Corea del Norte

– Normalización de las históricamente tensas relaciones con Japón.

– Priorización de una asociación trilateral con Estados Unidos.

– Un posicionamiento más crítico hacia China, alineado con las estrategias de contención estadounidenses.

A pesar de poblar el ejército con oficiales leales, Yoon no consiguió el apoyo civil necesario. El punto de inflexión llegó cuando incluso el líder de su propio partido político se volvió contra él en la Asamblea Nacional. La cúpula militar, inicialmente alineada con la directiva presidencial, se distanció rápidamente tras la votación parlamentaria.

Según el sociólogo argentino Matías Benítez, investigador del Conicet, la oposición y la sociedad civil surcoreanas organizaron una rápida respuesta sin precedentes a la declaración de la ley marcial. Pocos minutos después del anuncio, 190 legisladores entraron estratégicamente en el Parlamento para rechazar la medida, sorteando así la resistencia militar.

La declaración desencadenó protestas públicas generalizadas, en las que los ciudadanos se manifestaron contra las restricciones a la actividad política, las reuniones públicas y el funcionamiento de los medios de comunicación. «La aplicación de la ley marcial resultó notablemente descoordinada e ineficaz, socavando aún más la credibilidad del presidente», sostuvo el analista argentino.

Benítez puntualiza que el presidente Yoon se enfrenta a graves consecuencias potenciales, entre ellas una probable moción de destitución, el posible procesamiento judicial por acciones inconstitucionales, lo que acentuará los índices de aprobación popular.

Crisis política y proceso de destitución

La Policía surcoreana inició una investigación contra el presidente Yoon, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, el jefe del estado mayor y el ministro del interior por supuestos delitos de traición. El exministro Kim, cuya dimisión se hizo efectiva este jueves, había ordenado previamente a las tropas infiltrarse en la Asamblea Nacional para bloquear a los legisladores.

Por su parte, la confederación sindical KCTU convocó una huelga general de cuatro días hasta el 7 de diciembre, involucrando a 1.2 millones de trabajadores. Hasta el momento miles de personas se han manifestado en la plaza Gwanghwamun, lanzando un movimiento de resistencia contra el gobierno de Yoon. Las protestas ya se han extendido a 14 ciudades del país.

Los activistas informaron que a partir del 7 de diciembre se iniciará el proceso de votación sobre la moción de censura presidencial. Se requerirán 200 votos para iniciar una acusación de destitución. De ser aprobada, la autoridad se transferiría al primer ministro y el Tribunal Constitucional tomaría la decisión final.

Sin embargo, existe una complejidad adicional: el Tribunal Constitucional solo cuenta actualmente con seis miembros, cuando según la ley requiere al menos siete para resolver casos, lo que podría retrasar el proceso varios meses.

Los movimientos sociales como March to Socialism sostienen que la destitución no vendrá del Parlamento, sino de la movilización popular, por lo que anunciaron que si el 11 de diciembre no cae el Gobierno, iniciarán una huelga general indefinida.

El profundo descontento social, principalmente relacionado con políticas económicas y laborales, han afectado significativamente a la clase trabajadora surcoreana. Entre las principales problemáticas figuran la reducción de salarios reales, un déficit fiscal de 60 billones de wones en 2023 (más de 42.300 millones de dólares), y la expansión de condiciones laborales precarias.

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El Gobierno de Yoon ha promovido medidas controversiales como una semana laboral de hasta 69 horas, junto con ataques directos a sindicatos de sectores estratégicos como construcción y logística, utilizando órdenes para interrumpir huelgas y reprimir movimientos de trabajadores subcontratados.

Los sectores sociales más críticos argumentan que no basta con un simple proceso de destitución que transfiera el poder al Partido Demócrata. Sostienen que es fundamental una transformación más profunda, impulsada directamente por la movilización de los trabajadores.

Perspectivas económicas

Tras lo acontecido en el país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó sus proyecciones de crecimiento económico para Corea del Sur en 2025, situándolas en un 2,1 por ciento, citando al Ministerio de Finanzas de Seúl. Esta nueva estimación representa una ligera reducción de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la proyección presentada en septiembre.

Según el informe publicado por Global Time, la proyección supera las estimaciones de otras instituciones financieras internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que pronostica un crecimiento del 2 por ciento para la cuarta economía más importante de Asia, y se sitúa por encima de la perspectiva del Banco de Corea, que anticipa un crecimiento del 1,9 por ciento.

El contexto de esta crisis evoca reminiscencias históricas, siendo la primera vez desde hace 45 años que se invoca una ley marcial, recordando la era de la dictadura de Park Chung-hee.

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